Martes 10 De Julio 2012 by Frank Jiménez.
Etiqueta Noticia
SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional
de la República
Dominicana debe respetar las decisiones del Poder Judicial y
abstenerse en todas circunstancias de presionar a los tribunales, y las
autoridades del país deben iniciar sin demora una profunda reforma de la
policía, dijo este lunes Amnistía Internacional.
En incidentes que tuvieron lugar
el pasado 5 de julio en la ciudad de San Francisco de Macorís, alrededor
de 50 policías entraron en el Palacio de Justicia para sacar de su celda y
llevar a un cuartel policial a un agente acusado del asesinato de un hombre el
3 de junio pasado.
Horas antes, los agentes
policiales habían manifestado en las calles de la ciudad para protestar contra
la decisión del Poder Judicial de dictar medidas de coerción contra el agente
de policía.
“Las
autoridades de la
República Dominicana deben enviar el mensaje simple y claro
de que nadie esta por encima de la ley, y asegurar que el Poder Judicial este
protegido de cualquier presión y tenga la facultad de realizar su labor con
total independencia,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Autoridades de la Policía Nacional
y fuentes locales afirmaron que el agente de policía “liberado” corría el
riesgo de represalias por parte de la familia de la victima y de la población
local.
“La policía
puede y debe tener medidas para asegurar la seguridad de cualquier preso en
riesgo, incluyendo agentes de la policía detenidos, sin alterar el
curso de la justicia,” dijo Javier Zúñiga.
“Es muy
positivo constatar que la
Jefatura de la policía ya ha condenado los hechos y los está
investigando pero lo que realmente se necesita para evitar que este tipo de
situación se repita es una profunda reforma de la policía y la creación de
mecanismos e instituciones independientes para investigar abusos policiales.”
Este incidente
confirma que la reintroducción de los tribunales de justicia policial como lo
prevé la propuesta de ley orgánica de la Policía Nacional
no va en el sentido de hacer más fácil la rendición de cuentas de la Policía Nacional.
“La Policía Nacional
necesita ser sometida a controles eficaces por parte de de los
poderes ejecutivo, judicial y legislativos. El nombramiento inmediato del
Defensor del Pueblo y la atribución a esta institución de poderes de
investigación independiente sobre la actuación de la Policía Nacional
constituiría una avance considerable en materia de sometimiento de la Policía Nacional
a controles externos.”
Un número de
periodistas que cubrían los incidentes reportaron haber sufrido amenazas y
golpes por parte de los policías que protestaban el encarcelamiento del agente.
La jefatura de la Policía Nacional
criticó las acciones de los agentes y designó al Inspector General y al
Director de Asuntos Legales para investigar los hechos. Durante el fin de
semana el Jefe de la
Policía Nacional se reunió con comunidades y autoridades
locales de San Francisco de Macorís y se comunicó el arresto de 25 agentes para
investigación.
Puro Emmanuel
Díaz López murió el 3 de junio pasado en la ciudad de San Francisco de Macorís
durante un supuesto intercambio de disparos con la policía en circunstancias
que todavía no han sido esclarecidas.
A principio de
julio la Jueza Fidelina
Ramírez, de la oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en el
Palacio de Justicia de la
Provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva
contra el agente Marino Alfonso Torres que se reconoció culpable por la muerte
de Díaz López.
La
investigación de Amnistía Internacional ha revelado que la Policía Nacional
comete cada año numerosas violaciones de derechos humanos, inclusivo homicidios
ilegítimos, torturas y otros malos tratos y arrestos arbitrarios. Dos casos de
supuestas desapariciones forzadas fueron también registrados desde el 2009. (Al
momento)