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La falta de control y las facilidades con las que se puede adquirir un arma de fuego, de manera legal o ilegal, en la República Dominicana, se ha convertido en un problema social, debido que ese artefacto está en manos de la población civil y de personas que las utilizan para cometer actos reñidos con la justicia.
De acuerdo a estadísticas oficiales, en el país hay unas 209,000 armas de fuego legales, mientras que otras opiniones señalan que existen más de 700,000 ilegales, las cuales son causantes del alto índice de muertes violentas que ocurren a diario.
En ese sentido, el ministro de las Fuerzas Armadas (FF.AA), almirante Sigfrido Pared Pérez, manifestó que al territorio dominicano llegan armas de fuego ilegales hasta en tanques de comida, en la mayoría de los casos desintegradas y luego ensambladas una vez en el país.
Ante tal escenario, Pared Pérez dijo estar de acuerdo con la propuesta de que la gente entregue voluntariamente las armas, sin cuestionar su procedencia y que al propietario se le pague el precio de compra inicial, no el que tiene en el mercado actualmente.
Esta opinión ha generado controversia en algunos sectores de la sociedad, debido que consideran que el nivel delincuencial no depende de quién o cuántas armas de fuego hayan, sino de la desigualdad social y la falta de seguridad ciudadana. Mientras que otros entienden que la proliferación de este objeto está directamente relacionado con la criminalidad.
De igual opinión es el politólogo y sociólogo Pedro Catrain, quien argumenta que la gran cantidad de armas, unidas la terrible crisis económica que vive la nación, dispara los niveles de violencia, ya que resulta más fácil atracar o matar para apropiarse de lo ajeno.
“Creo conveniente un desarme a la población, puesto que la nación dominicana es uno de los países más armados, debido a que las autoridades entregan la licencia de tenencia y porte de forma clientelista”, argumentó Catrain.
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