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El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno solicitó formalmente la renuncia del presidente de la suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, debido a los vínculos que dice tiene con el partido de gobierno.
En rueda de prensa, el político aseguró que la vinculación del magistrado con el Partido de la Liberación Dominicana le “impide dirigir esa alta corte de justicia con la independencia e imparcialidad que exige la Constitución de la República”.
Aseguró que sólo la renuncia de Germán “abre la posibilidad de integrar un poder judicial bajo criterios de absoluta independencia partidista, de capacidad y de un ejercicio profesional apegado a la ética y valores democráticos”.
Aseguró que sólo la renuncia de Germán “abre la posibilidad de integrar un poder judicial bajo criterios de absoluta independencia partidista, de capacidad y de un ejercicio profesional apegado a la ética y valores democráticos”.
Afirmó, asimismo, que el poder judicial bajo la dirección de Germán “ha favorecido de forma reiterada con la impunidad a los corruptos de los gobiernos del Leonel Fernández y la evidencia está en que todas las querellas y denuncias interpuestas contra el expresidente, el senador Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, en todas las jurisdicciones tienen como único destino el archivo judicial.
Consideró que la sociedad no puede continuar indiferente ante la caricatura de Poder Judicial diseñado por el expresidente Leonel Fernández luego de la modificación de la Constitución en el 1910.
“La ciudadanía no puede continuar siendo humillada por la comedia judicial que en su rol de magistrados escenifican los Dres. Mariano Germán, Frank Soto y Alejandro Moscoso, y muchos otros en las distintas jurisdicciones, aseveró el dirigente político”, planteó en una nota de prensa.
Consideró que es la falta de castigo lo que ha hecho que en la República Dominicana la corrupción se haya convertido en un fenómeno estructural y que como pandemia recorra todo el cuerpo social de la nación.
Afirmó que la corrupción administrativa representa en el país entre un 20 y 25 % del presupuesto nacional, lo que equivale a más de 100 mil millones de pesos anuales.
“Ese volumen de robo del dinero público nos empobrece a todos, en especial a los más pobres, privándoles del derecho a la educación de calidad, al empleo decente, a la salud y la seguridad social”, adujo.
