Lunes 01 De Octubre 2012 by Frank Jiménez.
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La decisión del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de solicitar a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) revocar el archivo definitivo del expediente con las denuncias sobre irregularidades en el manejo en la función pública contra Félix Bautista, la semana pasada, ha desatado una caja de pandora y al parecer estaría provocando un enfrentamiento entre sectores o grupos dentro del gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que se involucra la Fuerza Nacional Progresista (FNP), que dirige el doctor Marino Vinicio Castillo, quien también es funcionario gubernamental y dice favorecer la decisión.
Ayer, la situación se puso de relieve cuando el ex Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Abel Rodríguez afirmara que hay propósitos políticos al reabrir caso de Félix Bautista, mientras que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, descartó que en la decisión del Procurador haya influido el presidente Danilo Medina.
Al parecer se han originado puntos de vistas encontrados entre sectores que les atribuyen respaldar al presidente Danilo Medina, con el saliente gobernante, debido a que además de ser el abogado del senador oficialista Félix Bautista, Abel Rodríguez se desempeñó como procurador general de la República y Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo en los gobiernos del presidente Fernández.
Se recuerda que en una ocasión se atribuyó al presidente Fernández haber dicho que el senador Bautista era como su hijo, por lo que la defensa de Rodríguez podría contar con el respaldo irrestricto del ex mandatario, y reforzar más la tesis del probable pugilato entre sectores del partido morado y el gobierno.
Otro elemento dentro de la posible división de criterios para encausar nuevamente en la Justicia el caso del senador Bautista, dispuesta por el procurador Francisco Domínguez, son las declaraciones ofrecidas por el doctor Castillo, quien además de favorecerla, dice que deben incluir 34 casos de corrupción ocurridos en la gestión del ex presidente Hipólito Mejía.
RODRIGUEZ DEL ORBE
En el caso del doctor Rodríguez del Orbe, éste recordó que a favor de su defendido fue dictado un auto de revocación de expediente por el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, quien ordenó el archivo de las investigaciones penales abiertas en su contra durante la pasada campaña electoral.
Se recuera que las denuncias contra el legislador fueron interpuestas por el Comando de Campaña del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) y otras entidades y diversas personas.
Rodríguez del Orbe calificó como justa y fundada en derecho la decisión del abogado Bonilla, “por cuanto en la investigación que se realizó no se encontraron elementos indiciarios en su contra, quedando establecido con documentos irrefutables, que las acusaciones promovidas contra el senador Bautista tenían un carácter político”.
El abogado del senador Bautista mostró indignación con la decisión de Domínguez Brito, tras considerar que desde el punto de vista legal, no tiene calidad para solicitar que se revoque un auto de archivo de la investigación penal dictado por el propio Ministerio Público del cual el procurador general forma parte.
Rodríguez del Orbe se mostró confiado en que cuando la SCJ examine las objeciones que se hicieron al auto de archivo de las denuncias penales de que se trata, va a resplandecer la verdad y una vez más se verificará que las denuncias interpuestas constituyeron actos de temeridad y abuso de derecho.
"El archivo objetado por Domínguez Brito fue emitido por un procurador adjunto, dentro de su ámbito de actuación el cual queda salvaguardado por el principio de que los miembros del Ministerio Público actúan como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre y representación de éste", afirma en una declaración de prensa.
Asegura Rodríguez del Orbe que "la impugnación del procurador general es contraria también al principio de unidad de actuaciones que rige al órgano persecutor, amén de que contraviene el debido proceso de Ley, el derecho a recurrir y el principio de indivisibilidad, reconocidos por la Constitución y las leyes”.
“Si se leen los artículos 173, 40.15, 68 y 69 de la Carta Magna, al igual que lo dispuesto en los artículos 5,15,20, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y el 25, 89, 281, 393 y 395 del Código Procesal Penal, se verá que esta objeción, procesalmente hablando es carente de base legal", sostiene
Manifiesta que es momento de hacer frente a la campaña de ofensas y calumnias que diferentes sectores han venido urdiendo en contra de Bautista, con la única intención de dañar su imagen, “sin aportar en justicia el más mínimo elemento probatorio serio que sustente las acusaciones”.
Califica como lamentable y desacertada la decisión del Procurador General de la República de pretender atribuirse facultad para pedir la revocación del auto rendido por el DPCA, “con la única finalidad de ganar notoriedad pública e intentar sacar ventaja política y popularidad a expensas de promover una persecución carente de fundamento contra el senador Bautista”.
MARINO VINICIO CASTILLO
De su lado, el Director de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Marino Vinicio Castillo, tras saludar la decisión del procurador Domínguez Brito, dijo sin embargo que no debe ser “selectivo” sino incluir 34 casos de corrupción durante la gestión del ex presidente Hipólito Mejía, que abarque la de Hernani Salazar
Dijo que la decisión de Domínguez Brito es plausible y valiente, porque es una iniciativa que le dará al pueblo nuevas esperanzas ante la inmoralidad pública que ha relucido impunemente en los últimos años.
Castillo, al hablar en su programa La Respuesta, que produce por el canal 15, expresó que se debe hacer una investigación profunda, sin dejar “altares” sin tocar y “caiga quien caiga”, de manera que la sociedad conozca la realidad sobre El Ministerio Público.
Aseguró que el Ministerio Público no debe ser “selectivo”, ni discriminatorio ante las responsabilidades y obligaciones que conlleva su decisión de solicitar al alto tribunal revocar el auto 03093, dictado por Bonilla.
Considera que la Procuraduría General debería enfocar su investigación en otras auditorías realizadas a la Supervisora de Obras del Estado y no ser “selectivo” con el caso del senador Bautista.
Afirmó que a esa institución le fueron realizadas auditorías a la gestión de Salazar, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Hipólito Mejía, que también deberían ser tomadas en cuenta.
Solicitó al procurador que indague sobre 34 auditorías que revelan casos de corrupción durante el gobierno de Mejía, cuyas pruebas, según asegura, están contenidas en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y los colegios, de Abogados y Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia), entre otros.
Recordó que Danilo Medina se refirió a estas auditorías cuando era secretario dela Presidencia diciendo que “el país se caería para atrás al conocer su contenido”.
Declaró que los expedientes sobre esos casos reposan en los archivos de la Dirección de Persecución y Combate a la Corrupción Administrativa.
Advierte que “si el Procurador se enfoca en tratar sólo uno de los casos, se vería discriminatorio y podría producir un descreimiento de la verdadera intención final”.
Expresó su confianza en el trabajo del Procurador General de la República, de quien dijo “siempre ha tenido una trayectoria impresionante e intachable”.
PINA TORIBIO DESCARTA DM HAYA INFLUIDO
De su parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, descartó que en la decisión del Procurador General haya influido el presidente Danilo Medina.
Sostuvo que la solicitud de revocación que ha hecho el Procurador General del auto de archivo número 03093, emitido por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) a favor del senador Bautista, es una determinación suya (del Procurador), y añadió que nada tiene que ver en ello el primer mandatario.
Manifestó que tanto Medina, actual presidente, y el ex presidente Leonel Fernández, son respetuosos de la autonomía y la separación de poderes, y que siempre lo han demostrado con sus acciones como jefes de Estado.
Declaró que no quería abundar sobre el tema debido a que es el asesor legal del Presidente de la República, pero dijo estar confiando en que la instancia de la SCJ que ha sido apoderada del caso podrá actuar con absoluta independencia y emitir su veredicto. (NDiario)
