Jueves 11 De Octubre 2012 by Frank Jiménez.
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El Compromiso Político y Social por la Educación firmado por el ahora Presidente de la República no estaba sujeto a ninguna cláusula, y mucho menos a una reforma tributaria.
El movimiento cívico Coalición Educación Digna dijo este miércoles que reaccionó con asombro y sorpresa frente a la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno dominicano.
Opina que la propuesta fue argumentada con una serie de considerandos que incluye la posibilidad de cumplir con la inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación preuniversitaria, solo sobre la base del aumento de la presión tributaria actual.
Los miembros del movimiento social se refieren al considerando cuatro del documento presentado por el presidente Danilo Medina durante la sesión con el Consejo Económico y Social del pasado jueves, el cual expresa textualmente:
"Que ha sido un reclamo de la ciudadanía y asumido por el Gobierno Dominicano el aumento en la asignación de recursos para la educación, de conformidad con la Ley General de Educación, No. Ley No.66-97, de fecha 04 de febrero de 1997, lo que resultaría imposible con la presión tributaria actual".
Sin embargo, Coalición Digna recordó que "el Compromiso Político y Social por la Educación firmado por el ahora Presidente de la República no estaba sujeto a ninguna cláusula, y mucho menos a una reforma tributaria".
En ningún momento la Coalición fue notificada y convocada por el Gobierno para anticipar esta cláusula. "Fue una sorpresa, que el mismo día 4 de octubre, día tradicional de manifestación frente al Palacio, nos diéramos por enterados de dicho condicionamiento por algunos actores internos del Consejo Económico y Social y por los medios de comunicación".
Así mismo, manifiestan que lo expresado por las autoridades financieras del Gobierno, con la propuesta de reforma tributaria, de que el Estado recaudaría RD$55,000 millones, es una cantidad superior al incremento de la inversión en la educación preuniversitaria para cumplir con lo establecido en la Ley General de Educación.
"En pocas palabras, las mismas afirmaciones de las autoridades financieras desmontan el argumento de que la reforma no puede deberse exclusivamente al reclamo del 4% del PIB para el sector", sostienen.
Prosiguen, "es imperdonable que habiendo las autoridades detectado un déficit financiero de un 8% del PIB (RD$188 mil millones), se quiera castigar a la población sin antes someter a los culpables de este desfalco de los fondos públicos".
Destacaron que durante los procesos de elaboración del Presupuesto 2011 y 2012 la Coalición logró realizar análisis y propuesta señalando qué partidas podrían ser afectadas para invertir el 4% y donde daban cuenta que era posible cumplir con la Ley 66-97 si hubiese existido la voluntad política de realizarlo.
